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El control social busca a través de la vigilancia de la gestión pública, velar por la correcta inversión de los recursos públicos y garantizar la correcta gestión del servicio a la comunidad a través de la participación activa de los ciudadanos a lo largo del territorio nacional.
Mediante la conformación de veedurías ciudadanas y Redes Departamentales de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas, este año, el Ministerio del Interior a través de su Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal, está consolidando, promoviendo y fomentando la participación por medio de jornadas de capacitación, prestando asistencia técnica a servidores públicos, comunidad en general, organizaciones de mujeres, jóvenes, campesinos, adultos mayores, personas con discapacidad, veedurías y redes de veedurías que buscan con su ejercicio y ejemplo fomentar la participación ciudadana en sus territorios.
El Control social es la piedra angular de la participación ciudadana, y a través de este, se busca que la comunicación entre la ciudadanía y las instituciones sea constante y activa permitiendo así que el control social sea visto como el proceso fundamental de acompañamiento, garantía y transparencia en la lucha contra la corrupción. De igual forma, busca conseguir que las instituciones vean a los veedores como aliados directos en el cumplimiento de los objetivos de un Estado social de derecho igualitario y participativo.
Dicha vigilancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 270 de la Constitución Política y el artículo 100 de la Ley 134 de 1994, se ejercerá en aquellos ámbitos, aspectos y niveles en los que en forma total o parcial, se empleen los recursos públicos, con sujeción a lo dispuesto en la presente ley.
Los representantes legales de las entidades públicas o privadas encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público deberán por iniciativa propia, u obligatoriamente a solicitud de un ciudadano o de una organización civil informar a los ciudadanos y a las organizaciones civiles a través de un medio de amplia difusión en el respectivo nivel territorial, para que ejerza la vigilancia correspondiente.
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